El Servicio de Empleo Público Estatal en Jaén ha tramitado a lo largo del año 2020 más de 129.000 prestaciones por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. Se trata de una cifra que, según la subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, refleja que la prioridad del Ejecutivo central ha sido “proteger y dar soporte al tejido productivo y social para poder minimizar el impacto de la pandemia todo lo posible sobre la economía provincial”. Este dato es uno de los analizados en la tercera reunión de la Comisión de Asistencia a la subdelegada, celebrada hoy y que se ha centrado en asuntos de índole económica.

Así, además de la propia subdelegada y de la secretaria general, Isabel Ranea, han asistido la directora provincial del SEPE, Isabel Mendoza Arnau; el director provincial de la Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Pedro Pablo García Merino; la jefa de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Mariola Palacios; el director provincial de la Tesorería de la Seguridad Social, Sixto Cobo; y el jefe de la Dependencia del Área de Trabajo e Inmigración, Pedro Garrido.

Los diferentes responsables de estos organismos han analizado los datos de gestión de la actividad desarrollada durante el año 2020. Así, la subdelegada ha explicado que la pandemia ha generado una notable carga de trabajo en diversas materias, que ha sido solventada “con esfuerzo, compromiso y profesionalidad por las plantillas de funcionarios”. En este sentido, Catalina Madueño ha puesto de manifiesto que el SEPE ha tramitado en 2020 unos 309.000 expedientes de prestaciones, mientras que en 2019 fueron algo más de 185.000. “El incremento es muy significativo y se explica, fundamentalmente, en la urgente respuesta que ofreció el Gobierno de España en una situación excepcional, que permitió el uso extendido de la herramienta de los ERTE con seguridad jurídica, con el objetivo de salvaguardar el empleo y la actividad económica”, ha asegurado.

En concreto, unas 6.200 empresas de la provincia se han acogido a un ERTE en 2020, que han generado 129.024 expedientes de prestaciones en la provincia de Jaén: “El objetivo del Gobierno ha sido no dejar a nadie atrás en esta crisis”, ha remarcado Catalina Madueño.

Desde abril hasta diciembre, el Servicio Estatal de Empleo ha destinado unos 320 millones de euros al pago de prestaciones relacionadas derivadas de la protección del empleo. En total, y en todo el ejercicio pasado, se ha registrado un total de 658.338 personas beneficiaras, lo que supone 112.928 perceptores más que en el año 2019. Catalina Madueño ha señalado el esfuerzo realizado por los funcionarios, sobre todo en el reconocimiento de las prestaciones y subsidios. Así, ocho de cada diez beneficiarios de prestaciones del SEPE en la provincia reciben la ayuda al mes siguiente de haberla solicitado, cuando la media nacional está en cinco de cada diez.

La Comisión de Asistencia a la subdelegada también ha analizado otras cuestiones, como los más de 119 millones de euros abonados en el mes de diciembre a los 142.923 pensionistas de la provincia o la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV). A este respecto, la subdelegada ha puesto de manifiesto que más de 4.500 familias jiennenses han recibido en diciembre esta nueva prestación impulsada por el Gobierno de España para las personas más desfavorecidas, y que beneficia a casi 13.000 personas en la provincia, de las que casi el 50 por ciento son menores.

 

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Otro de los puntos tratados en la reunión ha sido la actividad realizada por la Inspección de Trabajo durante el año 2020, que efectuó más de 8.300 actuaciones de control en materia laboral. Es un número inferior al de ejercicios anteriores, pero se trata de una disminución causada por las medidas decretadas durante el confinamiento. No obstante, este tiempo, la Inspección de Trabajo ha conseguido aflorar 694 empleos sumergidos. Del mismo modo, se han transformado en indefinidos 2.108 contratos que hasta ahora eran temporales, lo que supone un importante incremento con respecto al año anterior, cuando se transformaron 1.093 contratos. Unas cifras que, según especificado la subdelegada, “dan una muestra de la importante labor que se está realizando en la lucha contra el fraude laboral en la provincia”.